El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), José Manuel Corbacho, y el coordinador general de Izquierda Unida- Extremadura, Pedro Escobar, censuran que hoy se siente en el banquillo de los acusados al “único juez “que ha tratado de “amparar” a las víctimas franquistas, tal y como explicaron durante la concentración de ayer en apoyo al magistrado Baltasar Garzón.
Para Corbacho, esta jornada en la que el Tribunal Supremo comienza el proceso contra Garzón se trata de “un día triste para la democracia española y para la administración de justicia española”.
En la misma línea, Pedro Escobar, destacó que IU se sumaba a la concentración, que reunió a más de un centenar de personas frente a la Delegación del Gobierno de Badajoz, por “solidaridad con Garzón” y en “rechazo a un juicio absurdo” que “demuestra que la justicia sigue siendo franquista”.
Para el coordinador de Izquierda Unida es un “escándalo absoluto que la única persona, la persona que más ha hecho por esclarecer los crímenes del franquismo, sea la víctima: esto no hay quien lo entienda”, según apostilló. “Queremos expresarle nuestro apoyo solidaridad y decirle que estamos con él y vamos a intentar parar esta sinrazón”, concluyó Pedro Escobar.
Felipe Cabezas, concejal de IU en Badajoz y presidente de la Asociación Matilde Landa, junto a Isidoro Bohoyo, miembro de la ARMHEX, fueron los encargados de leer el manifiesto en el que se mostraba el “más enérgico desacuerdo” con el proceso abierto contra magistrado, por responder a la “petición de justicia” de familiares, víctimas y asociaciones recuperación memoria, a las que durante “muchos años” se les ha impedido “conocer la verdad”.
El comunicado recoge la incomprensión de que se juzgue a Garzón por investigar crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo, “mientras los restos de miles de personas aún permanecen desamparados en las cunetas y cementerios”.
Por otra parte, el concejal y coordinador de IU-Badajoz, Manuel Sosa, criticó con rotundidad que “una democracia castigue a quienes pretenden esclarecer, sin revanchismo, los crímenes de la dictadura”, lo que considera “una auténtica aberración de los derechos humanos”.
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