La propuesta de impulso de la Agrupación de Diputados IU-V-SIEX, instando al Gobierno autonómico a no implantar ni en la Administración regional ni en las empresas públicas de Extremadura las medidas que sobre las relaciones laborales establece el Real Decreto-ley 3/2011 y a dar prioridad en la contratación de obras y servicios a las empresas que se comprometan con un código de buenas prácticas y responsabilidad social, ha sido aprobada en el Parlamento extremeño con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP .
Durante la defensa de esta iniciativa el coordinador de IU, Pedro Escobar, ha destacado que, “modestamente”, la coalición por considerar “que esta reforma de Rajoy” profundiza” y “permite arar el barbecho (de desempleo) con una reja más profunda” ha solicitado ante el Pleno que “no se aplique en Extremadura” el real decreto, para evitar empeorar la situación de los extremeños.
“No podemos parar esa ley que se va a hacer en el Congreso”, pero “sí podemos dejar la comunidad libre” de esta reforma “en el ámbito de competencias del Gobierno” regional, como ha matizado Escobar, justificando que con ello se quiere evitar que “todos seamos precarios” en la comunidad, así como dejar de ”meter miedo a los que todavía tienen empleo”, además de por considerarla “innecesaria” y para conseguir que “Extremadura sea una zona libre” de esa reforma laboral.
Al respecto, ha precisado que “una cifra vale más que mil imágenes”, recordando que la tasa de paro en Extremadura es del 28,1 %, porcentaje tras el que se esconden 138.993 historias de miedo , de frustración, de incertidumbre, de sufrimiento”, como ha lamentado el diputado de la agrupación antes de preguntarse “¿para qué va a servir la reforma laboral”, si se sabe que “no va a crear” empleo y que “antes” de su promulgación ya “era bastante fácil” y “barato” despedir, como muestran los altos datos de desempleo, según ha censurado.
Para Escobar la aprobación de esta propuesta puede resultar “ejemplarizante” para el resto de las empresas del ámbito privado y “no” va contra de la ley, según ha recalcado, puesto que “las normas dan un margen” de aplicación “que luego se utiliza o no” y a modo de ejemplo ha señalado la ley que “permite los desahucios” en viviendas alquiladas y que la Administración “no” aplica “por responsabilidad social” pese a permitirlo la ley, según ha zanjado.
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