Izquierda Unida propone crear un impuesto a las hidroeléctricas por el aprovechamiento de las presas y las cuencas del Guadiana y el Tajo

El grupo parlamentario de Izquierda Unida Verdes-SIEX en la Asamblea de Extremadura va a promover una propuesta de impulso en el parlamento regional para crear un impuesto a las compañías hidroeléctricas que explotan las presas y los recursos hídricos de la región.

En Extremadura hay dieciséis presas de producción hidroeléctrica en las cuencas del Tajo y el Guadiana, construidas por el Estado y gestionadas por Iberdrola y Endesa. La región es la tercera productora a nivel nacional de energía eléctrica de origen hidráulico. Estas empresas ingresan 500 millones de euros de beneficios anuales por el uso de las presas y las cuencas de la región.  La propuesta del grupo parlamentario de IU-V-SIEX es modificar la ley orgánica de Financiación de la Comunidad Autónoma para establecer un impuesto por la utilización del dominio público hidroeléctrico de nuestras cuencas o, en su defecto, que Extremadura obtuviese el 4,8% del Impuesto Especial de Electricidad que pertenece al Estado. Según el diputado de IUV-SIEX, Víctor Casco, “hay que superar la idea de que hay que recortar para equilibrar las cuentas y empezar a hablar de impuestos e incrementar los ingresos”. En este sentido, IUV-SIEX propone “gravar a quienes más tienen, como son estas empresas que obtienen tantos beneficios de un recurso de todos los extremeños”. Con el dinero recaudado con este impuesto, Víctor Casco señala que el gobierno regional debe “redistribuir estos ingresos para caminar hacia una sociedad que no tenga al 36% de sus ciudadanos en el umbral de la pobreza”, tal y como se desprende del último informe de Cáritas España.

Además, IU-V-SIEX preguntará en el próximo Pleno de la Asamblea al gobierno regional sobre cuándo tiene previsto liberar el pago a las organizaciones agrarias correspondientes a 2012. Otros años, por estas fechas, ya se habían efectuado las trasferencias en concepto de apoyo a las organizaciones para la promoción de la política agraria; sin embargo, a día de hoy, este pago aún no se ha efectuado, lo que agrava la situación económica de estas organizaciones.