• La dirección federal de Izquierda Unida denuncia que
“la justicia española da la espalda al pueblo y opta por favorecer a los
más poderosos, a esa banca rescatada con más de 60.000 millones de
euros de dinero público logrado con nuestros impuestos”
•
Llama a concentrase el próximo sábado, día 10, a las 18,00h. ante el
Tribunal Supremo y las sedes judiciales de cada provincia ya que “el
chantaje y el secuestro de los poderes públicos del Estado por parte de
la banca privada urge la movilización social: por la justicia y la
democracia”
La dirección federal de Izquierda Unida
exige la “inmediata dimisión del presidente del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, así como la
del presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo,
Luis Díez-Picazo, por su actuación “anómala e irregular” en la crisis de
las hipotecas.
La dirección de IU valora de forma más pausada lo
ocurrido ayer y su trascendencia para la ciudadanía, no sólo en lo que
respecta al caso concreto debatido. Considera que tras dos días de
“vergonzosos debates”, los 28 magistrados que componen el Pleno de esa
Sala Tercera del Tribunal Supremo, “convocado saltándose por parte de
Díez-Picazo y con el aval de Lesmes, ex alto cargo del Gobierno de
Aznar, el sentido común y cualquiera de las normas de las que se había
dotado el propio tribunal, enmienda la doctrina consolidada precisamente
por la sección del tribunal experta en materia tributaria”.
“Logran
así -añade- favorecer los intereses económicos de esa misma banca que
paga habituales y cuantiosos honorarios a determinados jueces en
concepto de conferencias y cursos en sus escuelas de elite”.
IU
explica que el “vergonzoso resultado de esta burda maniobra sin
precedentes y contraria a lo establecido en la ley, al dictado de la
banca y de la desmesurada campaña publicitaria desatada por los poderes
económicos”, consigue “anular de un plumazo la doctrina jurisprudencial
que se creía firme creada por tres sentencias obtenidas por la Empresa
Municipal de la Vivienda del municipio de Rivas Vaciamadrid. De esta
forma echan por tierra la obligación de que el impuesto que grava las
hipotecas lo pagara el banco que concede la hipoteca, no el cliente, ya
que es el propio banco el único que se beneficia de la obligación de
formalizar esos préstamos en escritura pública”.
Para Izquierda
Unida, “la justicia española da la espalda al pueblo y opta por
favorecer a los más poderosos, a esa banca rescatada con más de 60.000
millones de euros de dinero público logrado con nuestros impuestos. Es
la misma banca privada que no para de incrementar sus beneficios y los
millonarios salarios de sus ejecutivos desde que se inició la gran
estafa denominada ‘crisis’”.
La dirección de la formación que
coordina Alberto Garzón entiende que “tras la práctica ya habitual de
encarcelar a tuiteros, cantantes, artistas o activistas sociales por
ejercer la libertad de expresión o de manifestación, la justicia vulnera
también ahora su mandato constitucional que, literalmente, dice:
‘Artículo 118. Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones
firmes de los Jueces y Tribunales (…)’”
“Cuando el Tribunal
Supremo incumple sus sentencias y retuerce las leyes para favorecer a
los poderosos en perjuicio de la ciudadanía, convierte en falso y vacío
el mandato del artículo 117 de la Constitución: ‘La justicia emana del
pueblo’”, constata esta formación.
Izquierda Unida denuncia que
con esta nueva actuación del Supremo “digna de corsarios, la justicia
pierde la poca legitimidad que le quedaba. Es así a pesar de los
numerosos jueces y funcionarios judiciales que en nuestro país se
esfuerzan por conseguir que la administración de justicia sea un
servicio público con una mínima calidad. Estos esfuerzos se convierten
en estériles a la vista del constante desprestigio que emana de un
número cada vez mayor de actuaciones de los tribunales”.
“El Poder
judicial ha traspasado todas las líneas rojas”, valora la dirección de
IU, para quien “es imprescindible una reforma en profundidad de la
justicia. Ésta debe implicar cambios constitucionales profundos que
acaben con un Poder Judicial endogámico, al servicio de las minorías
privilegiadas, lastrado por su pasado franquista y nunca modernizado ni
democratizado en profundidad”.
Por todo ello, Izquierda Unida
llama a concentrase el próximo sábado, día 10, a las 18,00h. ante el
Tribunal Supremo y las sedes judiciales de cada provincia. Considera que
“ante el chantaje y el secuestro de los poderes públicos del Estado por
parte de la banca privada urge la movilización social: por la justicia y
la democracia”.
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