Contra la impunidad: verdad, justicia y reparación
Quienes hoy suscribimos este manifiesto con motivo del 80 aniversario
del bombardeo de Gernika queremos denunciar la singular situación que
viven hoy en el Estado español las víctimas del franquismo, y tejer
lazos de colaboración entre diferentes instituciones y organizaciones
para trabajar contra la impunidad y por la verdad, la justicia y la
reparación.
Hoy, 81 años después del inicio de la guerra, miles de familiares de
víctimas y represaliados siguen buscando a sus seres queridos en
cunetas, simas y ribazos encontrando en ocasiones la pasividad o la
hostilidad de algunas instituciones públicas, y particularmente del
poder judicial. Igualmente en nuestros pueblos y ciudades algunas
víctimas directas de la represión coinciden con sus victimarios que, en
no pocas ocasiones, han recibido reconocimientos, ascensos y
condecoraciones sin haber enfrentado jamás proceso alguno por los
delitos que cometieron. Nuestras calles y espacios públicos siguen
repletos de símbolos que ofenden a las víctimas y siguen produciéndose
homenajes y actos de exaltación de la dictadura expresamente prohibidos
por la legislación comunitaria. Por eso pensamos que el impacto de la
represión franquista no es un asunto del pasado. Sus consecuencias están
bien presentes en la sociedad de hoy y siguen generando dolor y
sufrimiento.
El golpe militar de 1936 apoyado por la Alemania nazi y la Italia
fascista y la posterior instauración de la dictadura franquista,
supusieron la ocupación ilegítima de nuestras instituciones, y la
implantación de un régimen de terror que tuvo como primer objetivo
eliminar la disidencia e implantar un conjunto de valores
ultraconservadores. La represión se centró en eliminar la diversidad
ideológica y la pluralidad nacional, cultural y lingüística. Alcanzó a
centenares de miles de personas y se produjo en los parámetros que la
legislación internacional atribuye a los delitos de lesa humanidad.
Tales actos criminales no prescriben de acuerdo con La Convención
sobre Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad (1968), la Convención de Viena
(1972), o el Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998), suscritos
por el estado español. Las Naciones Unidas animan igualmente a cerrar
este negro capítulo de la historia europea evitando utilizar la Ley de
Amnistía como instrumento para no investigar y juzgar estos crímenes. El
acervo comunitario y la Carta Europea de Derechos Fundamentales dan
plena cobertura a las iniciativas que promueven diferentes
organizaciones sociales y políticas contra la impunidad persistente, tal
y como aparece reflejado en el Informe del Parlamento Europeo sobre la
Situación de los Derechos Fundamentales en Europa en 2015.
Por ello llamamos a representantes de instituciones, fuerzas
políticas, y organizaciones sociales a trabajar unidos para conseguir
que, finalmente, se haga justicia y el Estado español al igual que otros
estados europeos ajuste sus políticas de memoria a las exigencias de
verdad, justicia y reparación a la que le obligan los estándares
internacionales.
Bruselas, 26 de abril de 2017.
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