El
grupo parlamentario Izquierda Unida Verdes-SIEX ha presentado una proposición
de ley con una nueva propuesta de Estatuto de ex presidente que sustituiría al
que actualmente está vigente. El encargado de presentar la iniciativa de IU ha
sido su diputado Víctor Casco, quien ha explicado que en septiembre de 2011 la
Asamblea aprobó una propuesta de IU para modificar la ley que regula el
estatuto de quienes han ostentado la presidencia de la Junta de Extremadura.
Tras año y medio, y a pesar de las comunicaciones de IU para que se hiciera,
“no se ha movido nada”, según Víctor Casco, lo que ha provocado que IU presente
esta proposición en solitario, aunque se espera que se apruebe por unanimidad.
El
diputado de IU ha recordado cómo es el actual Estatuto de ex presidentes, que
les reconoce el derecho a “nombrar a cuatro personas de libre disposición para
que les ayude en sus tareas, a un salario por la mitad del mandato que hayan
estado, una vez que finalice ese salario pueden acogerse a una pensión, tengan
la edad que tengan, tienen derecho a una pensión de viudedad, derecho a una
indemnización, a un chófer y a un coche oficial, a una oficina y derecho a una
serie de privilegios por el mero hecho de haber sido presidente de la Junta de
Extremadura”. Aunque Víctor Casco ha reconocido que los ex presidentes Juan
Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara han renunciado a las
pensiones, no así al personal a su disposición, el primero tiene a cuatro
personas y el segundo, una, la propuesta de IU lo que propone es que se suprima
ese derecho y no quede a merced de la renuncia o no de los ex presidentes.
Víctor Casco ha recordado también que la oficina del ex presidente, en Mérida,
costó a la Asamblea de Extremadura casi 900.000 euros “entre el
acondicionamiento y la compra” del local.
La
proposición de ley que ha registrado IU “se reduce solo a cuatro artículos” ha
explicado Víctor Casco que “reconoce la dignidad de haber sido presidente de la
Junta de Extremadura y, por lo tanto, ocupar el lugar protocolario que le
corresponda en los actos que se celebren”. Otro de los artículos, ha explicado
Casco, reconoce “que puedan tener un despacho en la Asamblea de Extremadura,
dentro de los que hoy existen aquí, y con personal de la Asamblea, nunca con la
contratación de personal eventual a su libre disposición”. El último de los
cuatro artículos de la proposición de IU le reconoce el derecho a poder
incorporarse al Consejo Consultivo de Extremadura, “que nosotros lo hubiéramos
quitado”, ha dicho Víctor Casco, “pero viene en el Estatuto de Autonomía”.
Según
el diputado de IU, los cuatro artículos que forman la proposición de ley
garantizan que los ex presidentes “no van a tener más privilegios que el resto
de ciudadanos y, sobre todo, no le va a costar a los ciudadanos un euro, van a
tener toda la dignidad que quieran tener, pero la dignidad no tiene por qué ir
unida a ningún presupuesto ni dinero público, la dignidad se gana en el
ejercicio de la ejemplaridad pública”.
Para
Víctor Casco, “esta va a ser una de las leyes más breves que va a tramitar la
Asamblea de Extremadura, pero sin embargo es una de las leyes más amplia en
contenido porque significa el mayor ejercicio de dignificación de la política
que ha ocurrido en los últimos años”. Según Casco, “muchas veces” se ha
asimilado esta “dignificación” a privilegios económicos, lo que en gran parte
ha producido la “desafección” que hay en la sociedad con los políticos, cuando
no debe ser así. Además, según el diputado de IU, “cuando se pide austeridad,
hay que dar ejemplo”.
Víctor
Casco espera que la proposición de ley se debata en Pleno en el plazo de un mes
o mes y medio y que cuente con los votos a favor de PP y PSOE y ha pedido “un
ejercicio de rigor” a ambos partidos. “No quiero que esto se convierta en una
cuestión personal”, ha añadido Casco.
Finalmente,
Víctor Casco ha añadido que, fuera de la proposición de ley, Izquierda Unida
“va a proponer en la Comisión de Salud y Política Social a través de una
propuesta de pronunciamiento” que la oficina del ex presidente en Mérida, que
actualmente está en desuso, “de 342 m2 y propiedad de la Asamblea de
Extremadura”, se ofrezca a través de un convenio al CERMI (Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad), “y que actualmente hacen su labor
en un oficina muy deficitaria, para que se le dé un uso social a unas oficias
que actualmente no se utilizan ni por parte de la Administración regional ni la
Asamblea de Extremadura”.
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